El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra Alberto Casero, el diputado del PP que cometió un en la votación de la reforma laboral que derivó en su aprobación. Se le acusa de prevaricación y malversación de caudales públicos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres), un cargo que ocupó entre junio de 2011 y junio de 2019.
La señala que la Fiscalía del Tribunal Supremo había presentado un escrito ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo para que el alto tribunal abriera una investigación al diputado del Partido Popular, Alberto Casero.
El Ministerio Público solicitaba a la sala que designara instructor porque consideraba que había base para imputar a Casero, quien fue mano derecha del ex secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea.
La investigación de esos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos se debe a la supuesta adjudicación de distintos contratos a dedo, que sumaron más de 123.000 euros, durante el periodo en el que Alberto Casero ejerció el cargo de alcalde de la localidad cacereña de Trujillo.
Entre esos contratos que ahora está analizando la fiscalía se encuentran uno con la Cámara de Comercio de Perú, uno relativo a la feria local del queso, otro firmado con la asociación cultural Bon Vivant en 2017 para celebrar en Trujillo la gala 'Pop Eye' y un contrato que hace referencia a la asistencia de víctimas de violencia de género.
El interventor municipal informó desfavorablemente de muchas de las facturas pertenecientes a esos contratos y, en consecuencia, no fueron pagadas, algo que dio lugar a reclamaciones.
Según la fiscal, Alberto Casero llevó al ayuntamiento a «comprometerse al pago por estos servicios, pero sin sujetarse a los procedimientos administrativos
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